En este artículo estudiamos el crucial período histórico de España desde que Berenguer se hizo cargo del gobierno hasta las elecciones municipales de abril de 1931 que llevaron a la proclamación de la II República.
El gobierno del general Berenguer pretendía establecer un proceso de transición desde la Dictadura de Primo de Rivera a la normalidad constitucional previa. Para entender la época que va desde la caída de Primo hasta la proclamación de la República hay que tener en cuenta que se deseaba volver a un sistema ya desprestigiado pero, también que uno de sus pilares, la Monarquía, se había deteriorado considerablemente, precisamente por haberse comprometido con la Dictadura. Ese deterioro, además, había provocado la deserción de las filas monárquicas de una parte considerable de la propia clase política del sistema de la Restauración. Berenguer enfocó la cuestión de la transición sin tener en cuenta estos factores. Era imposible regresar al año 1923 en 1930.
En su momento, Berenguer había adoptado una postura de oposición moderada a la Dictadura. Primo de Rivera había presentado al rey, antes de despedirse, una terna de sucesores y Berenguer era el más liberal de los tres. Así pues, Alfonso XIII le encargó formar gobierno. El general se pronunció sobre su deseo de regresar a la normalidad constitucional y anunció una serie de medidas liberalizadores que fueron bien recibidas por la opinión pública. Pero Berenguer no era un político y no supo moverse en las arenas movedizas de la política española heredada del sistema de la Restauración, complicada con el creciente poder de las fuerzas políticas y sociales ajenas a dicho sistema. Además, como hemos señalado, muchos políticos monárquicos decidieron no colaborar con el gobierno. En la crítica y la no colaboración con el gobierno destacaría Sánchez Guerra que lanzó durísimas diatribas contra el rey, al considerar que en la Dictadura “el impulso fue soberano”. Otros, como Ossorio y Gallardo, fueron más moderados en sus críticas. Ossorio siguió siendo “monárquico pero sin rey”. Pero el paso hacia el republicanismo era algo más complicado y solamente lo dieron dos políticos: Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora. Ambos representarían una opción republicana moderada.
Pero, además, el ritmo de la transición era lentísimo, por lo que el gobierno de Berenguer fue calificado de “Dictablanda”. Lo que había comenzado bien terminó por ser muy criticado, provocando más deserciones de la causa monárquica y un deterioro de la popularidad de Berenguer. La opinión pública volvió a tener un peso considerable, después de la censura de la época de Primo de Rivera.
Berenguer solamente pudo contar con el apoyo de los sectores más conservadores, los que más hundían sus raíces en el caciquismo. Así pues, este nuevo gobierno se volvía a basar en los peores pilares del sistema de la Restauración, otro factor importante a tener en cuenta para entender su fracaso. Tampoco la política llevada por este gobierno fue audaz o novedosa; por ejemplo, se aplicó una política presupuestaria muy restrictiva sin gasto de ningún tipo, una falta de inversiones en obras públicas que podría haber paliado algo el paro creciente. Pero, también es cierto, la extrema derecha tampoco simpatizaba con Berenguer. La Unión Patriótica, el partido creado por Primo de Rivera, ahora reconvertido en Unión Monárquica Nacional, aunque mucho menos influyente que en el pasado, criticó los proyectos de Berenguer y los intentos de regresar al sistema constitucional.
En relación con el rey existe un cierto debate sobre sus ideas o pretensiones en la que sería su última etapa. Algunos piensan que si hubiera podido habría abandonado el trono antes de lo que lo hizo, pero estaba preocupado por la pésima salud del príncipe de Asturias. De hecho, al parecer, llegó a hablar con Santiago Alba sobre la posibilidad de realizar un plebiscito sobre su persona; pero, en todo caso, Alfonso XIII no tomó ninguna decisión sobre abandonar el trono.
Ortega y Gasset retrató este período en su famoso artículo El error Berenguer. Para el filósofo, lo principal no era que el general cometiera errores, el error había sido nombrarle presidente del Consejo de ministros. Ortega lanzó su dardo contra la Monarquía, al hacerla responsable de la situación y hasta de los problemas del país desde el pasado lejano.
Las fuerzas políticas y sociales al margen de la Dictadura y del sistema de la Restauración se crecieron en este momento. Los socialistas ya habían superado el debate sobre la colaboración o no con Primo de Rivera y se declaraban abiertamente por terminar con la Monarquía. Es el momento del protagonismo político de Indalecio Prieto que, personalmente, se comprometió en el Pacto de San Sebastián con los republicanos. Por su parte, la CNT volvió a ser legalizada y comenzó un rápido proceso de reconstrucción, después de la persecución a la que se vio sometida por Primo de Rivera. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, alianza entre el republicanismo histórico y el nuevo y con el socialismo, aunque con iniciales reticencias por parte de éste. Este Pacto creó una especie de gobierno provisional en la sombra.
El republicanismo español alcanzó su oportunidad histórica no tanto por su fuerza, sino por el desprestigio de la Monarquía entre amplias capas sociales del país. Una parte considerable de la sociedad española comenzó a pensar que la alternativa no era regresar al sistema liberal anterior, que había demostrado su incapacidad por reconvertirse o evolucionar hacia una plena democracia, sino caminar hacia la República. Los intelectuales tuvieron un especial protagonismo en esta movilización social republicana.
El ejército español jugó también un papel en el camino hacia la instauración de la República. En algunos sectores militares, fuera de la alta oficialidad, había un claro malestar.
En la segunda mitad del año 1930 el gobierno de Dámaso Berenguer entró en franca crisis, como lo demuestran los fallidos intentos de frenar caída de la peseta y la creciente movilización republicana en grandes actos públicos. La extrema derecha reaccionó a esta movilización con la violencia de los grupos denominados Legionarios de España del Partido Nacionalista Español. También, el gobierno respondió con medidas represoras frente a las células republicanas en el Ejército o deteniendo a los dirigentes más radicales de la oposición. En noviembre la UGT y la CNT convocaron una huelga general en Madrid en protesta por un accidente laboral, huelga que se extendió a Barcelona y otras capitales. El conflicto le costó el puesto al ministro de la Gobernación.
El Comité de la Conjunción, nacido del Pacto de San Sebastián, se autoproclamó Gobierno Provisional de la República. En este momento dedicó sus esfuerzos a preparar el levantamiento contra el sistema. Este levantamiento debía iniciarse con una insurrección militar al mando del general Queipo de Llano y sería apoyado por una huelga general, en la que se esperaba el apoyo de los anarcosindicalistas. Pero esta sublevación no se organizó muy bien, especialmente, en lo que se refiere a la coordinación de sus elementos. El día 12 de diciembre, los capitales Galán y García Hernández se sublevaron en Jaca, pero fueron derrotados con facilidad por las tropas leales al gobierno y ejecutados tras un consejo de guerra. El gobierno detuvo al Comité republicano y abortó el intento de golpe del aeródromo de Cuatro Vientos. Aunque las organizaciones obreras declararon la huelga general para el día 15 la inhibición de la dirección de la UGT y la proclamación del estado de guerra hicieron que fracasara. Aunque el gobierno Berenguer había frenado el intento de sublevación y de huelga general había perdido la batalla de la opinión pública. Los ejecutados en Jaca se convirtieron en mártires, y los líderes republicanos encarcelados o exiliados recibieron el apoyo popular en grandes manifestaciones.
El general Berenguer deseaba la convocatoria de elecciones generales pero entre las fuerzas dinásticas comenzó a cundir la idea de que no era una buena idea, una vez que los republicanos habían decretado el boicot a estas elecciones. El Centro Constitucional se pronunció a finales de enero de 1931 por la abstención. Los socialistas también se inclinaron por esta misma opción. Pero el día 8 de febrero el gobierno convocó las elecciones generales para el día 1 de marzo. Para que se dieran elecciones era obligatorio que se restablecieran las garantías constitucionales durante la campaña electoral. Ese restablecimiento de libertades fue fundamental para el avance de la causa republicana. Dos días después del decreto de elecciones, nació la Agrupación al Servicio de la República de Ortega y Gasset y otros destacados intelectuales. Además, para empeorar más la situación para el gobierno Berenguer, destacados liberales como Romanones y Manuel García Prieto solicitaron la abstención electoral. Cambó aconsejó al monarca que anulara las elecciones y que formase un gobierno de concentración presidido por el liberal Santiago Alba. Berenguer estaba aislado y optó por dimitir el 14 de febrero. La convocatoria de elecciones se suspendió.
Ante la dimisión de Berenguer el rey optó por buscar una solución hacia la izquierda dinástica. La baza podría ser Santiago Alba pero éste se negó. Por otro lado, Alfonso XIII no aceptó las pretensiones de los constitucionalistas de Melquíades Álvarez. El problema era tan grave que el monarca contactó con Sánchez Guerra, el político conservador que tanto le había criticado y que se había enfrentado a la Dictadura de Primo de Rivera. Pero esta opción no cuajó. Ante esta situación el rey presionó a los políticos dinásticos para que aceptaran formar un gobierno de concentración. Al final, el 18 de febrero se formó un gobierno presidido por el almirante José Bautista Aznar, personaje con escasísima experiencia política. Realmente, la figura predominante de este ejecutivo era el incombustible conde de Romanones. En el gobierno estaban, también: Bugallal, Juan de la Cierva, García Prieto, Gabriel Maura, Joan Ventosa y el propio Berenguer, como figuras más destacadas. Era un gobierno que representaba, claramente, el pasado, por lo que no levantó ningún entusiasmo.
El nuevo gobierno defendió la idea de ralentizar la vuelta a la normalidad constitucional a través de un calendario de consultas electorales, que comenzaría con las municipales para el 12 de febrero, las provinciales para el 3 de mayo y, por fin, las generales para el 7 y 14 de mayo (diputados y senadores, respectivamente), frente al interés del gobierno anterior por ir directamente a estas últimas. El objetivo del ejecutivo era que las elecciones municipales terminaran con la interinidad establecida por el gobierno anterior en los consistorios y otorgar credibilidad democrática a todo el proceso electoral restante.
Mientras llegaban las elecciones del 12 de abril el gobierno Aznar tuvo que hacer frente a una intensificación de la movilización social y política de la oposición. Los estudiantes se destacaron en las manifestaciones. La condena a muerte el 18 de marzo del capitán Sediles, aunque luego indultado, desencadenó importantes manifestaciones estudiantiles en varias ciudades. Estas manifestaciones alcanzaron su cénit cuando el día 23 de marzo se dio a conocer la liberación de los miembros del Comité Republicano. La FUE comenzó a adoptar una actitud insurreccional con el apoyo obrero, especialmente cuando la policía mató a un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Esta marea estudiantil desconcertó al gobierno.
La campaña electoral para las municipales frenó la conflictividad. Las elecciones municipales, como hemos señalado, pretendían dar legitimidad al período de transición y del proceso electoral pero fueron un error estratégico del gobierno, ya que, los republicanos y los socialistas eran muy fuertes en las ciudades, cuyo voto estaba ya libre de las manipulaciones electorales del caciquismo. De hecho, ni unos ni los otros optaron por la abstención ni el retraimiento electoral. Además, no debemos olvidar que hacía ocho años que no había habido elecciones y el censo electoral español había cambiado, tanto en su número como en su composición, sin olvidar que la maquinaria electoral caciquil estaba desengrasada. Las fuerzas gubernamentales o dinásticas confiaban en el voto rural y no se movilizaron especialmente por el voto, desarrollando una campaña electoral basada en el argumento del miedo de la burguesía. Por el contrario, la conjunción republicana-socialista desarrolló una campaña muy activa y coordinada. El argumento principal de la campaña giraba en torno a la idea que estas elecciones eran un plebiscito por la República que, a medio plazo llegaría.
Las elecciones se celebraron, como queda dicho, el día 12 de abril. En realidad, los monárquicos consiguieron más concejales, superando el número de treinta mil, mientras que la Conjunción llegó a los nueve mil, aproximadamente. Pero muchos ediles monárquicos habían sido proclamados por el famoso artículo 29 de la Ley electoral, que evitaba la votación donde sólo había una candidatura, hecho muy vinculado con el viejo caciquismo. El hecho más decisivo de los resultados era que la oposición había ganado en 41 de las 50 capitales de provincia y en las grandes poblaciones. El voto urbano había ido, en su gran mayoría, hacia los republicanos y socialistas, donde el caciquismo había sido superado. El camino hacia la proclamación de la República estaba abierto.
Eduardo Montagut
