Los derechos sociales en las Constituciones

La Revolución Liberal desembocó en la sociedad de clases frente a la sociedad estamental del Antiguo Régimen al establecerse la igualdad ante la ley pero, también porque las leyes del mercado se impusieron y provocaron una intensa movilidad social. Estos cambios generaron una gran inestabilidad en amplios sectores que carecían de medios por salarios insuficientes o por no tenerlos. Este es el contexto donde surge, en determinados sectores políticos y sociales la necesidad del reconocimiento de los derechos sociales.

Los derechos sociales en el nuevo sistema capitalista tienen un carácter supletorio, asistencial hacia los miembros de la sociedad que por sus propios medios no pueden satisfacer las necesidades primordiales de la vida. Los primeros derechos sociales aparecen en la Constitución francesa de 1848, fruto de la Revolución de dicho año. Es la primera vez que aparecen los derechos a la educación, la asistencia social y hasta el derecho al trabajo.

En el plano ideológico es importante destacar, por otro lado, la transformación de esta primigenia concepción del carácter supletorio de los derechos sociales por la influencia del socialismo democrático occidental y, en cierta medida, también por la democracia cristiana, que propugnarían la intervención del Estado para disminuir o corregir las grandes diferencias sociales existentes a través de la creación de servicios públicos: educación, sanidad, subsidios de desempleo, pensiones, etc.., que se sufragarían a través de una fiscalidad progresiva. Después de muchos esfuerzos estas cuestiones serían elevadas a rango de derechos constitucionales, aunque se pueden adivinar dos etapas. Así pues, el Estado irá adquiriendo un mayor protagonismo con un creciente intervencionismo social. En una primera etapa se centrará en la asistencia social para en una segunda llegar a introducir el derecho a participar en la gestión económica. La Constitución de Weimar se convierte en el principal texto constitucional de referencia en lo concerniente a los derechos sociales: existencia digna, obligaciones sociales de la propiedad, vivienda, protección de la mano de obra, o seguros sociales. La Constitución de la II República Española establece la posibilidad de socializar la propiedad, introduce la legislación social y una serie de derechos relacionados con servicios públicos.

Tras la II Guerra Mundial las nuevas Constituciones incluirán los derechos sociales: al trabajo, a la participación en la gestión de las empresas, la asistencia social y la educación. Es el momento del triunfo del Estado del Bienestar.

La cuestión vital en estos momentos de crisis es si esos derechos se garantizan con determinadas políticas de extrema austeridad. Estamos en pleno debate sobre si deben blindarse estos derechos o, lo que es en realidad, establecer garantías como existen en el caso de otros derechos más clásicos.

Eduardo Montagut

http://www.andalan.es/?p=11368

Las derechas españolas y los pactos en la Historia

Las derechas españolas entre la crisis del régimen liberal y la Guerra Civil experimentaron tres tipos de unión con características distintas en situaciones diferentes. En este artículo intentaremos estudiar estos tres modelos. En primer lugar, ante el colapso del turnismo en los estertores del parlamentarismo con Alfonso XIII, se optó por la creación de gobiernos de concentración. En la Segunda República, habida cuenta del sistema electoral, que primaba la unión, y por la potencia de las fuerzas republicanas y de izquierdas, amplios sectores de la derecha se inclinaron por la gran coalición de partidos que supuso la CEDA. Por fin, en la Guerra Civil se estableció el tercer modelo que, en realidad, no tenía casi nada de pacto y sí de imposición por parte de Franco, con la creación de FET y de las JONS y la prohibición taxativa de que hubiese partidos políticos de ningún tipo.

El gobierno de concentración nacional de Maura

Los gobiernos de concentración nacional, después de la triple crisis de 1917, supusieron el último intento de regeneración del régimen político español de la Restauración, pero llegaban en un momento en lo que solamente era viable ya la ruptura con el mismo. En principio, se pretendía que liberales y conservadores abandonasen sus enfrentamientos, tanto entre ellos como en el seno de sus formaciones que, en realidad, eran más intensos. Además, se apostó por introducir en los engranajes del poder a la burguesía catalana, representada por una Lliga Regionalista que había protagonizado el fallido intento de profunda reforma política de la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona y que ahora veía con espanto el auge de la presión anarcosindicalista en Cataluña. Era la hora de participar en el gobierno del Estado. Eran momentos en los que pesaban más el alma burguesa que la catalanista.

Se nombraron muchos gabinetes que duraban pocos meses. Entre 1917 y el golpe de Miguel Primo de Rivera se sucedieron hasta doce gobiernos, destacando como presidentes del Consejo de Ministros el liberal García Prieto y el conservador Antonio Maura. Fuera de estos gobiernos quedaban los republicanos y socialistas que solamente admitían un cambio profundo y verdadero, y no una renovada apuesta por un regeneracionismo ya superado por el tiempo.

Pues bien, en este artículo nos centraremos en uno de los principales gobiernos de concentración nacional, el presidido por Antonio Maura a partir de marzo de 1918. La reaparición del político conservador parecía tranquilizar a los militares de las Juntas de Defensa y a la burguesía española. En su gobierno incluyó como ministro de Fomento a Cambó, líder de la Lliga.

Cambó apoyó un programa que pretendía una mejora del transporte en España, la extensión del uso del riego en el campo y una apuesta por la energía hidroeléctrica. El ministro catalán pensaba que estas políticas no sólo tendrían una repercusión económica sino social. El problema era que el sistema político era muy poco partidario de una clara intervención del Estado en la economía porque eso suponía endeudamiento. El resto del gobierno, por tanto, no estaba por la labor de las iniciativas de Cambó.

El gobierno de Maura estaba profundamente dividido y abocado al fracaso, y el factor Cambó fue determinante. Santiago Alba se enfrentó al político catalán porque consideraba que sus proyectos favorecían claramente a Cataluña y precipitó la crisis del ejecutivo. El día 9 de octubre dimitió de su cargo con la esperanza de que cayese el gobierno, obligando al rey a formar un nuevo ejecutivo aunque más progresista. Maura pudo capear el temporal pero el día 27 de octubre el conservador Eduardo Dato hacía lo mismo que Alba aunque alegó problemas de salud. En este caso estaba liderando el descontento de un amplio sector de los conservadores por una mínima reforma de la imposición fiscal directa, emprendida por el gobierno y anatema para la oligarquía española, a pesar de ser algo muy epidérmico y no entrar en una profunda reforma fiscal que pudiera sufragar la intervención del Estado para poder transformar la economía y generar bienestar social. Atacado por los progresistas y por los más conservadores, Antonio Maura presentó su dimisión el 6 de noviembre.

La CEDA

La CEDA o Confederación Española de Derechas Autónomas fue una coalición de partidos resultante de la fusión de varios grupos políticos, y que se puso en marcha en el año 1933. Entre estos grupos destacaron dos: Acción Popular (antes Acción Nacional), dirigida por José María Gil Robles, y la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucía. También formaban parte de esta coalición, otras formaciones regionales conservadoras de las Castillas, Andalucía y Galicia. El partido aglutinó a diversos sectores de la derecha: desde elementos de tendencia fascista, muy presentes en las Juventudes de Acción Popular (JAP), hasta democristianos, centralistas y hasta autonomistas, con los representantes de la mencionada Derecha Regional Valenciana.

En el otoño de 1932 se produjeron diversos movimientos en la derecha española aprovechando la crisis política que vivía la coalición gobernante, y que desembocaron en la creación de la formación en los primeros días de marzo del año siguiente. La coalición defendía los principios católicos en la política, la necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con estos principios, es decir, planteaba una alternativa al laicismo de la República. La defensa del orden social era otro de sus pilares. La CEDA supuso la apuesta más clara por una postura posibilista por parte de la derecha española, separándose de la opción golpista y reaccionaria, lo que provocaría que destacados políticos de la derecha española abandonasen al comenzar el proceso de convergencia política auspiciado por Gil Robles, como Esteban Bilbao o Antonio Goicoechea, entre otros, y que desembarcarían en Renovación Española. Gil Robles se había expresado en El Debate por la necesidad de emplear el camino electoral, es decir, de la legalidad. Por su parte, Luís Lucía fue un político muy destacado del ámbito valenciano y que representaba una opción socialcristiana dentro de su partido, posición que le generó algunos enfrentamientos con los sectores más conservadores del mismo. Por fin, el 4 de marzo de 1933 se constituyó oficialmente la CEDA en un acto.

En las elecciones del otoño de 1933 la CEDA obtuvo 122 escaños pero no consiguió que Alcalá-Zamora encargase a su líder la formación del gobierno, ya que temeroso de la reacción de la izquierda, llamó a Lerroux para formarlo. Pero la CEDA terminó por participar a partir de 1934 en los gobiernos de la República, al lado de los radicales. El acceso a algunos ministerios por parte de la CEDA fue considerado como intolerable por gran parte de la izquierda española, especialmente por el PSOE, que veía peligrar las conquistas alcanzadas en el Bienio anterior y en un contexto europeo nada favorable para la democracia; de ahí la apuesta hacia la revolución, y que en octubre se saldó con un rotundo fracaso.

En las elecciones de febrero de 1936 la CEDA se radicalizó ante la evidente unión de la izquierda en el Frente Popular. El mensaje electoral sin ser claramente fascista sí incluía gestos, ideas y planteamientos muy cercanos a esta ideología, en la necesidad de crear un frente “contrarrevolucionario”.

La CEDA fue perdiendo influencia y militancia a partir de las elecciones cuando parte de la derecha decidió que la mejor solución no pasaba por participar en el juego político sino por apoyar la sublevación militar. En realidad, comenzó a perder apoyos antes cuando los sectores más beligerantes contra la República vieron que Gil Robles no estaba dispuesto a dar un golpe de Estado y cambiar radicalmente el sistema político. Destacados miembros de la CEDA participaron en los movimientos conspiratorios y algunos jugarían un gran papel en los primeros momentos del franquismo como Serrano Súñer, aunque su máximo líder, Gil Robles, pasaría a un segundo plano y, con el tiempo, se convertiría en un miembro de la oposición al régimen franquista. 

La FET y de las JONS

Las fuerzas políticas que habían apoyado la sublevación abarcaban todo el espectro ideológico de la derecha española. La CEDA se había desintegrado como organización política estructurada una vez que su objetivo de conquista del poder ya no tenía razón de ser. Los monárquicos del Bloque Nacional no contaban con grandes apoyos populares, aunque un sector de la oficialidad era monárquica. Los carlistas o tradicionalistas tenían fuerza en el norte, especialmente en Navarra y en Álava, aunque no en el resto de la zona sublevada. La Falange había pasado de ser un grupo muy minoritario a alcanzar una gran dimensión con un aumento vertiginoso de afiliados. Debemos recordar que su fundador, José Antonio Primo de Rivera, fue fusilado en noviembre de 1936. La Falange tenía un discurso populista, con tintes sociales, propio del fascismo y proporcionó unas bases ideológicas, así como apoyo social a la sublevación. La Falange consiguió la movilización de muchos voluntarios para el frente y para la retaguardia. Asumió el control de la prensa y de la propaganda del movimiento.

Franco era consciente de todas estas diferencias y de la necesidad de controlar bajo su mando esta diversidad con el fin de evitar conflictos, establecer una unidad para proseguir la guerra y asegurar su primacía y poder. En consecuencia, el 20 de abril de 1937 promulgó el Decreto de Unificación, por el cual se fusionaban todas las organizaciones políticas en una sola, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Este sería el único partido permitido, aunque el franquismo nunca lo consideró como partido, sino como Movimiento Nacional. Adquirió un papel preponderante pero no para menoscabar el poder de Franco. Fue un paso más en la concentración del poder en sus manos; el partido sería un instrumento de su poder.

Los sectores de Falange y el carlismo contrarios a esta unificación al considerarla que se alejaba de los principios ideológicos puros de ambos movimientos políticos, fueron duramente reprimidos. 

Eduardo Montagut

http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/derechas-espanolas-y-pactos-historia/20160204174323125087.html

Las izquierdas españolas y los pactos en la Historia

En primer lugar, estaría la coalición electoral entre republicanos y el PSOE en la denominada Conjunción Republicano-Socialista de 1909 y que duró hasta 1919. Después nos encontramos con el Pacto de San Sebastián y la nueva conjunción electoral republicano-socialista que venció en las transcendentales elecciones municipales de abril de 1931. De este pacto saldrían el Gobierno Provisional de la Segunda República y, en parte, los Gobiernos de Azaña en el Bienio Reformista. El tercer pacto se fraguó con el Frente Popular, que resultó vencedor en las elecciones de febrero de 1936, y que incorporó a nuevas fuerzas que no eran las tradicionales de las izquierdas españolas. Por fin, los socialistas dirigieron los gobiernos en la Guerra Civil con Largo Caballero y Negrín, y que estuvieron formados por ministros de diversas sensibilidades políticas del lado leal a la República. 

En este artículo nos centraremos en repasar los tres primeros pactos citados, partiendo de la constatación de que no surgieron con facilidad. Se sellaron después de muchas negociaciones, vaivenes y problemas. Pero su conocimiento nos ayuda a comprender la compleja Historia entre la crisis del régimen liberal y la crisis del primer régimen democrático en nuestro país.

La Conjunción Republicano-Socialista de 1909

La situación generada por la Semana Trágica y la durísima represión emprendida por Antonio Maura provocaron que las fuerzas políticas republicanas y los socialistas decidieran converger con el objetivo inmediato de hacer caer al político conservador. El segundo propósito era trabajar para conseguir el cambio del régimen político monárquico. El resultado fue la Conjunción Republicano-Socialista formada por un grupo de partidos republicanos y el PSOE. La confluencia no fue tarea fácil. En primer lugar, el socialismo español estaba dividido al respecto. Amplios sectores de la familia socialista eran reacios a colaborar con formaciones políticas que desde su óptica representaban los intereses burgueses y no de los obreros. Al final, se optó por colaborar. Se justificó tomando como base teórica una resolución del Congreso de 1908 que permitía la alianza con otros partidos políticos a favor de la democracia. En el Partido había surgido en los últimos tiempos una corriente de opinión favorable al entendimiento con los republicanos. En este sentido fue muy destacada la participación de los socialistas vascos para que el Partido se entendiese con los republicanos. Indalecio Prieto se significó en el socialismo vizcaíno a favor del acuerdo frente al histórico líder Facundo Perezagua, que defendía posturas eminentemente obreristas porque consideraba que los republicanos eran reaccionarios.

Del lado republicano hay que destacar la intensa división en su seno. En 1908, los republicanos habían conseguido crear un Bloque de Izquierdas con los liberales de Segismundo Moret, en ese momento en la oposición dentro de las reglas del juego del turnismo político. La represión de Maura, especialmente el fusilamiento de Ferrer i Guardia, provocó que los republicanos abandonasen la alianza con los liberales para optar por la alianza con los socialistas, que estaban completamente al margen del sistema político y no contaban aún con representación parlamentaria. Por fin, tenemos que tener en cuenta que en el ámbito republicano apareció una nueva fuerza política en 1912, el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, que complicó en cierta medida la alianza política, al introducir un nuevo elemento.

La Conjunción Republicano-Socialista fue, realmente una coalición electoral. Entre 1909 y 1919 se presentaron a todas las elecciones. En las primeras de 1910 consiguieron 27 escaños, entre ellos el de Pablo Iglesias, el primer socialista español en entrar en el Congreso de los Diputados. Las listas se elaboraban en comités electorales después de interminables y complicadísimas reuniones y discusiones. En realidad, la organización de la Conjunción se resumía en estos comités que se formaban cuando había convocatoria de elecciones, aunque también existía un Comité Nacional con representantes de cada fuerza política. Una vez celebradas las elecciones se formaba la minoría parlamentaria compuesta por republicanos y socialistas, pero no funcionaba como un grupo parlamentario propiamente dicho. En muchas cuestiones sus componentes defendían lo mismo y votaban unidos, pero en otras materias los radicales, reformistas y socialistas defendían posturas distintas y eso se reflejaba a la hora de votar.

En 1918 se creó la Alianza de Izquierdas para las elecciones de ese año. Al parecer, fue un intento de revitalizar la Conjunción, muy poco activa, aunque no supuso la disolución de la Conjunción. Se pusieron muchas expectativas, por lo que las 35 actas que se consiguieron se contemplaron como un fracaso. El sistema político de la Restauración estaba moribundo pero se resistía a morir.

El Pacto de San Sebastián

La convergencia de los republicanos entre sí y con los socialistas para intentar traer la República a España no fue una empresa fácil por varias razones. Las divergencias entre los republicanos eran grandes y los socialistas estaban divididos, a su vez, en relación con una posible alianza con el republicanismo.

En el mes marzo de 1930 apareció en Barcelona un manifiesto firmado por republicanos de izquierda como Companys, Aiguader, Botella Asensi, y de líderes obreros como Peiró, Arquer y Campalans. El manifiesto abogaba por el establecimiento de una República federal y por la aplicación de políticas sociales. Este manifiesto tiene su importancia histórica porque supone el inicio de la movilización de los republicanos en la época del gobierno Berenguer.

En mayo se dieron una serie de incidentes relacionados con la vuelta del exilio de Unamuno, que había sufrido la represión de Primo de Rivera. Estos incidentes fueron protagonizados por los estudiantes de la FUE con la policía, provocando que las autoridades cerrasen las Universidades. Eran un ejemplo de la creciente movilización social hacia un cambio político profundo. Efectivamente, la primavera y el verano de 1930 fueron testigos de huelgas y manifestaciones. Había un claro descontento popular que, unido a la crisis del gobierno, favoreció, sin lugar a dudas, el desarrollo de las fuerzas políticas y sociales republicanas y obreras, que comenzaron a considerar la necesidad de organizarse y buscar la unión de sus esfuerzos, a pesar de su evidente heterogeneidad.

Cuando Azaña decidió dar el paso hacia el republicanismo se lanzó a promover la instauración de la República con su habitual energía. Azaña elaboró en 1924 su conocido manifiesto titulado Apelación a la República, que le costó distribuir, habida cuenta de la censura en la Dictadura y porque no encontró la colaboración que esperaba de amigos y allegados. Este texto es fundamental en la biografía de nuestro protagonista y en la historia del republicanismo español. Azaña identificó la Monarquía con el viejo absolutismo y dejó claro que la democracia solamente llegaría a España de la mano de la República. Para que cristalizara el nuevo régimen era necesario el concurso de todos, de distintas fuerzas y organizaciones, que deberían respetar no sólo la idea republicana sino el principio liberal y democrático del reconocimiento de los derechos del individuo en el marco de la nación. Azaña quería que la burguesía y el proletariado españoles se unieran en este empeño. Por eso intento siempre confluir con los socialistas, pero dentro de la familia socialista había distintas posturas y durante los años veinte se generó un intenso debate al respecto en su seno, y que tuvo relación, a su vez, con la posible colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera. Pero el político alcalaíno tampoco consiguió muchos apoyos de políticos y fuerzas más afines. 

Azaña pensó, ante el poder de la Dictadura y la falta de apoyos, ponerse a trabajar de forma clandestina para traer la República. En este sentido, fue fundamental la tertulia que se organizó en el laboratorio de José Giral en pleno centro de Madrid. Redactó un segundo manifiesto en 1925 en la línea ideológica de la Apelación, pero que supuso el germen de una nueva formación política, primero como Grupo de Acción Republicana, y luego ya claramente como Acción Republicana. Azaña quería remozar el republicanismo, y ser el punto de unión, más que un partido clásico, de todo el republicanismo, superando el pasado de divisiones internas en el seno del mismo.

En 1926 se creó la Alianza Republicana. Esta plataforma política nació en la efeméride de la Primera República, el 11 de febrero, y unía al Partido Radical de Lerroux, el Partido Republicano Democrático Federal, el Partit Republicà Català de Marcelino Domingo y Lluís Companys y, por último, la Acción Republicana de Azaña. El grupo publicó un manifiesto en el que se anunciaba su lucha política por la proclamación de la República. Este proyecto supuso una clara apuesta por modernizar el republicanismo español para acercarlo a una base social más amplia: clases medias y bajas urbanas. La Alianza tuvo sus vicisitudes en la Dictadura. El radicalismo sufrió una escisión por su izquierda, con la creación del Partido Radical Socialista.

La Alianza Republicana y el Partido Republicano Radical Socialista acordaron el 14 de mayo de 1930 la creación de un Comité conjunto que debía trabajar para la instauración de la República en España. A este pacto se sumaron la Organización Republicana Autónoma Gallega (ORGA), recién creada y que dirigía Santiago Casares Quiroga, y la Unión Republicana Autonomista de Valencia, de Sigfrido Blanco. Por otro lado, se tendieron puentes hacia las organizaciones obreras. En el mes de julioAzaña y Albornoz se entrevistaron con representantes socialistas, pero no se llegó a ningún acuerdo, tanto por las reticencias de un sector del socialismo hacia la alianza con fuerzas republicanas, como por la existencia de diferencias en el propio seno del republicanismo. Los republicanos se pusieron a trabajar durante el verano para superar las dificultades y presentar un frente común, al menos desde el republicanismo. La Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora yMiguel Maura se unió al Comité. Por su parte, los republicanos catalanes también se acercaron.

Las negociaciones bullían y el 17 de agosto nació, como resultado de las mismas, el conocido Pacto de San Sebastián. Bajo la presidencia deFelipe Siasín (Unión Republicana de San Sebastián) se reunieron en Donostia: Manuel Azaña y Alejandro Lerroux (representantes de la Alianza Republicana), Marcelino Domingo, Álvaro Albornoz y Galarza(Partido Republicano Radical Socialista), Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura (Derecha Liberal Republicano), Santiago Casares Quiroga(ORGA), Jaume Aiguader (Estat Català), Macià Mallol (Acció Republicana de Catalunya), Manuel Carrasco i Formiguera (Acció Catalana), y a título personal Felipe Sánchez Román, Eduardo Ortega y Gasset e Indalecio Prieto. Los asistentes a la reunión decidieron la creación de un Comité ejecutivo de la Conjunción, presidido por Alcalá-Zamora, y dedicado a coordinar el movimiento revolucionario que debía conducir a la instauración de la República. En la reunión se estableció, además, que había que atender a las reivindicaciones autonomistas de Cataluña, y la necesidad de entablar conversaciones formales con las organizaciones obreras.

Las conversaciones con el PSOE para que se incorporara al Pacto fueron difíciles. Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos eran afines a la conjunción con los republicanos, pero gran parte de la familia socialista era contraria a entrar en relaciones con los partidos republicanos. Besteiro, con mucho poder en el aparato socialista, era el principal crítico y contrario a esta alianza. Pero muy pronto los socialistas comprobaron que los republicanos eran capaces de movilizar a amplias capas de la sociedad española y eso hizo cambiar las posturas del partido y del sindicato. En consecuencia, en octubre el PSOE y la UGT se adhirieron al Pacto. En el convenio con los republicanos se estipuló que Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero se incorporarían al Comité de la Conjunción, así como la convocatoria de una huelga general cuando se desencadenase el movimiento insurreccional. El acuerdo entre republicanos y socialistas pretendía establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una asamblea constituyente, como se hizo público en diciembre de 1930.

El acuerdo político con la CNT no pudo cuajar aunque los anarcosindicalistas no pondrían reparos a la movilización republicana. 

Pero la huelga general no se produjo y la insurrección militar se precipitó porque los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevaron el día 12 de diciembre cuando debía haberlo hecho el 15. La Sublevación de Jaca fue un fracaso que terminó con la vida de sus protagonistas. Algunos miembros del Comité Revolucionario fueron detenidos, mientras que otros huyeron o se escondieron. 

El fracaso del Pacto en traer la República no impediría que ésta llegara unos meses después, ya que las elecciones municipales del 12 de abril se convirtieron en un plebiscito sobre la Monarquía. Cuando se supo que las candidaturas republicano-socialistas habían ganado en las capitales de provincias, el Comité Revolucionario hizo público su propósito de actuar con “energía y presteza” para implantar la República.

El Frente Popular

El Frente Popular fue un pacto de los partidos de izquierda republicana y obrera en España para concurrir juntos a las elecciones de febrero de 1936 sobre un programa común de gobierno. El inicio de este pacto debe buscarse en el año 1934, especialmente, cuando comenzaron a confluir las formaciones republicanas con el sector centrista del PSOE. Pero su gestación no comenzaría, realmente, hasta después de los hechos acontecidos en octubre de 1934 con la Huelga General y la Revolución. La represión ejercida con miles de muertos, unos treinta mil presos y numerosas penas de muerte conmutadas, junto con la represión de tipo social (despidos, endurecimiento de las relaciones laborales y paso a la clandestinidad de algunos sectores obreros) ejercieron como revulsivo para que las izquierdas españolas entendiesen la necesidad de pactar. La unidad se convirtió en un factor clave si se quería arrebatar el poder al centro-derecha.

Pero el camino hacia la unidad no fue fácil porque los partidos y sindicatos tenían diversas concepciones sobre la misma, aunque tuvieran en común la necesidad de la alianza electoral para obtener la victoria, en un contexto internacional favorable a la confluencia de la izquierda frente al auge de las soluciones autoritarias y totalitarias del fascismo. Los partidos republicanos –Izquierda Republicana (Azaña), la Unión Republicana (Martínez Barrio), el Partido Nacional Republicano (Sánchez Román)- defendían la idea del entendimiento con los socialistas, pero no veían conveniente ampliar el pacto hacia las organizaciones obreras a la izquierda del PSOE. La alianza era concebida como una forma de volver a la situación anterior al triunfo electoral del centro-derecha de 1933, es decir, al espíritu y la situación del Bienio Reformista.

En el PSOE se vivía un intenso debate entre dos posturas. El sector centrista, con Indalecio Prieto a la cabeza, estimaba la necesidad del pacto con los republicanos, en el mismo sentido y objetivo que el defendido por éstos, aunque incidiendo en la necesidad de proclamar una amnistía y profundizar en la reforma agraria. El sector más a la izquierda del socialismo español, representado por Largo Caballero y con el apoyo de la UGT, pretendía, en cambio, un frente obrero. Pero, a medida que avanzó el año 1935, este sector terminó por comprender que el pacto con los republicanos era necesario si se quería obtener la ansiada amnistía, pero, en principio, estos socialistas no estaban dispuestos a ir más allá de una alianza electoral sin establecer un programa de gobierno conjunto.

El PCE propugnaba un frente obrero orgánico, la Alianza Obrera, con un programa de reformas radicales, en alianza con los republicanos.

La gestación del Frente Popular se dilató más de un año, desde diciembre de 1934 hasta el 15 de enero de 1936, fecha del pacto. En el invierno de 1934-35 los republicanos entablaron conversaciones entre sí, y el 12 de abril anunciaron su unión electoral con un programa de gobierno. Antes, en enero, Azaña contactó con Prieto para insistir en la necesidad de establecer una conjunción republicano-socialista. En el PSOE se decidió escuchar a las bases sobre esta capital cuestión y se pasó una encuesta a las agrupaciones socialistas. Prieto se significó para conseguir la alianza, publicando un artículo el 14 de abril. El Partido Comunista expuso públicamente su estrategia de la Alianza Obrera en el mes de junio.

En Cataluña, el proceso de unión tuvo su primera etapa, en julio de 1935, cuando se firmó la Coalició d’Esquerres Catalanas, formada por la Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicà, Partit Nacionalista Republicano Català y Unió Socialista.

Al margen de los partidos políticos se vivió una intensa actividad en pro de una alianza de toda la izquierda: comités a favor de la amnistía, de ayuda las víctimas de la represión, mítines, fiestas unitarias, etc. El anarquismo optó por moderar sus ataques a los republicanos y socialistas, y cuando llegó el momento, a pesar de su tradicional defensa de la abstención, no hizo campaña contraria al Frente Popular y, de forma privada, apoyó a las candidaturas de izquierda.

El 14 de noviembre de 1935, Azaña propuso oficialmente a Prieto una conjunción. Dos días después, el PSOE le respondió afirmativamente con la condición de que el pacto incluyese a la izquierda obrera. El partido envió un programa a las organizaciones obreras como un documento-base para la negociación de la alianza. Comenzaron las reuniones entre los socialistas y los republicanos. Los primeros representaban en estas reuniones no sólo al partido sino, también a las organizaciones obreras, por lo que tenían que reunirse, además con sus representantes. Estaríamos en una especie de negociación a tres bandas. No fueron fáciles las negociaciones dada la heterogeneidad de la izquierda. El PNR se retiró el 14 de enero por su resistencia a aceptar la presencia comunista. Al final, al día siguiente, se firmó el pacto y el programa entre Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalista y el POUM.

El programa era republicano, con el añadido de la amnistía y rehabilitación política de los presos políticos, restituyéndoles en sus cargos y responsabilidades, condiciones ineludibles para el PSOE y la izquierda obrera.

El 4 de febrero se constituía el Front d’Esquerres en Cataluña, con los grupos anteriores de la Coalició más el Partit Comunista de Catalunya, Partit Català Proletari, POUM y la Unió de Rabassaires.

La siguiente tarea del Frente Popular fue la de la elaboración de las listas de candidatos. Se encargó de dicha tarea un comité.

El 16 de febrero la coalición obtuvo 4.654.116 votos, frente a los 400.901 del centro político y los 4.503.505 de la derecha. El Frente Popular venció en 37 circunscripciones electorales y en todas las ciudades mayores de 150.000 habitantes. La ley electoral en vigor primaba las coaliciones frente a las minorías, por lo que la izquierda obtuvo 278 diputados, 131 las derechas, 10 el centro y otros 10 del PNV. Tres días después, Niceto Alcalá-Zamora ofrecía la presidencia del gobierno a Manuel Azaña. El 3 de abril se inauguró el Parlamento. Se constituyó el Comité Nacional del Frente Popular, que se encargó de proponer como candidato a la presidencia de la República a Azaña, en sustitución de Alcalá-Zamora.

Eduardo Montagut

http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/izquierdas-espanolas-y-pactos-historia/20160203191254125040.html

España entre el gobierno Berenguer y las elecciones de abril de 1931

En este artículo estudiamos el crucial período histórico de España desde que Berenguer se hizo cargo del gobierno hasta las elecciones municipales de abril de 1931 que llevaron a la proclamación de la II República.

El gobierno del general Berenguer pretendía establecer un proceso de transición desde la Dictadura de Primo de Rivera a la normalidad constitucional previa. Para entender la época que va desde la caída de Primo hasta la proclamación de la República hay que tener en cuenta que se deseaba volver a un sistema ya desprestigiado pero, también que uno de sus pilares, la Monarquía, se había deteriorado considerablemente, precisamente por haberse comprometido con la Dictadura. Ese deterioro, además, había provocado la deserción de las filas monárquicas de una parte considerable de la propia clase política del sistema de la Restauración. Berenguer enfocó la cuestión de la transición sin tener en cuenta estos factores. Era imposible regresar al año 1923 en 1930.

En su momento, Berenguer había adoptado una postura de oposición moderada a la Dictadura. Primo de Rivera había presentado al rey, antes de despedirse, una terna de sucesores y Berenguer era el más liberal de los tres. Así pues, Alfonso XIII le encargó formar gobierno. El general se pronunció sobre su deseo de regresar a la normalidad constitucional y anunció una serie de medidas liberalizadores que fueron bien recibidas por la opinión pública. Pero Berenguer no era un político y no supo moverse en las arenas movedizas de la política española heredada del sistema de la Restauración, complicada con el creciente poder de las fuerzas políticas y sociales ajenas a dicho sistema. Además, como hemos señalado, muchos políticos monárquicos decidieron no colaborar con el gobierno. En la crítica y la no colaboración con el gobierno destacaría Sánchez Guerra que lanzó durísimas diatribas contra el rey, al considerar que en la Dictadura “el impulso fue soberano”. Otros, como Ossorio y Gallardo, fueron más moderados en sus críticas. Ossorio siguió siendo “monárquico pero sin rey”. Pero el paso hacia el republicanismo era algo más complicado y solamente lo dieron dos políticos: Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora. Ambos representarían una opción republicana moderada.

Pero, además, el ritmo de la transición era lentísimo, por lo que el gobierno de Berenguer fue calificado de “Dictablanda”. Lo que había comenzado bien terminó por ser muy criticado, provocando más deserciones de la causa monárquica y un deterioro de la popularidad de Berenguer. La opinión pública volvió a tener un peso considerable, después de la censura de la época de Primo de Rivera.

Berenguer solamente pudo contar con el apoyo de los sectores más conservadores, los que más hundían sus raíces en el caciquismo. Así pues, este nuevo gobierno se volvía a basar en los peores pilares del sistema de la Restauración, otro factor importante a tener en cuenta para entender su fracaso. Tampoco la política llevada por este gobierno fue audaz o novedosa; por ejemplo, se aplicó una política presupuestaria muy restrictiva sin gasto de ningún tipo, una falta de inversiones en obras públicas que podría haber paliado algo el paro creciente. Pero, también es cierto, la extrema derecha tampoco simpatizaba con Berenguer. La Unión Patriótica, el partido creado por Primo de Rivera, ahora reconvertido en Unión Monárquica Nacional, aunque mucho menos influyente que en el pasado, criticó los proyectos de Berenguer y los intentos de regresar al sistema constitucional.

En relación con el rey existe un cierto debate sobre sus ideas o pretensiones en la que sería su última etapa. Algunos piensan que si hubiera podido habría abandonado el trono antes de lo que lo hizo, pero estaba preocupado por la pésima salud del príncipe de Asturias. De hecho, al parecer, llegó a hablar con Santiago Alba sobre la posibilidad de realizar un plebiscito sobre su persona; pero, en todo caso, Alfonso XIII no tomó ninguna decisión sobre abandonar el trono.

Ortega y Gasset retrató este período en su famoso artículo El error Berenguer. Para el filósofo, lo principal no era que el general cometiera errores, el error había sido nombrarle presidente del Consejo de ministros. Ortega lanzó su dardo contra la Monarquía, al hacerla responsable de la situación y hasta de los problemas del país desde el pasado lejano.

Las fuerzas políticas y sociales al margen de la Dictadura y del sistema de la Restauración se crecieron en este momento. Los socialistas ya habían superado el debate sobre la colaboración o no con Primo de Rivera y se declaraban abiertamente por terminar con la Monarquía. Es el momento del protagonismo político de Indalecio Prieto que, personalmente, se comprometió en el Pacto de San Sebastián con los republicanos. Por su parte, la CNT volvió a ser legalizada y comenzó un rápido proceso de reconstrucción, después de la persecución a la que se vio sometida por Primo de Rivera. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, alianza entre el republicanismo histórico y el nuevo y con el socialismo, aunque con iniciales reticencias por parte de éste. Este Pacto creó una especie de gobierno provisional en la sombra.

El republicanismo español alcanzó su oportunidad histórica no tanto por su fuerza, sino por el desprestigio de la Monarquía entre amplias capas sociales del país. Una parte considerable de la sociedad española comenzó a pensar que la alternativa no era regresar al sistema liberal anterior, que había demostrado su incapacidad por reconvertirse o evolucionar hacia una plena democracia, sino caminar hacia la República. Los intelectuales tuvieron un especial protagonismo en esta movilización social republicana.

El ejército español jugó también un papel en el camino hacia la instauración de la República. En algunos sectores militares, fuera de la alta oficialidad, había un claro malestar.

En la segunda mitad del año 1930 el gobierno de Dámaso Berenguer entró en franca crisis, como lo demuestran los fallidos intentos de frenar caída de la peseta y la creciente movilización republicana en grandes actos públicos. La extrema derecha reaccionó a esta movilización con la violencia de los grupos denominados Legionarios de España del Partido Nacionalista Español. También, el gobierno respondió con medidas represoras frente a las células republicanas en el Ejército o deteniendo a los dirigentes más radicales de la oposición. En noviembre la UGT y la CNT convocaron una huelga general en Madrid en protesta por un accidente laboral, huelga que se extendió a Barcelona y otras capitales. El conflicto le costó el puesto al ministro de la Gobernación.

El Comité de la Conjunción, nacido del Pacto de San Sebastián, se autoproclamó Gobierno Provisional de la República. En este momento dedicó sus esfuerzos a preparar el levantamiento contra el sistema. Este levantamiento debía iniciarse con una insurrección militar al mando del general Queipo de Llano y sería apoyado por una huelga general, en la que se esperaba el apoyo de los anarcosindicalistas. Pero esta sublevación no se organizó muy bien, especialmente, en lo que se refiere a la coordinación de sus elementos. El día 12 de diciembre, los capitales Galán y García Hernández se sublevaron en Jaca, pero fueron derrotados con facilidad por las tropas leales al gobierno y ejecutados tras un consejo de guerra. El gobierno detuvo al Comité republicano y abortó el intento de golpe del aeródromo de Cuatro Vientos. Aunque las organizaciones obreras declararon la huelga general para el día 15 la inhibición de la dirección de la UGT y la proclamación del estado de guerra hicieron que fracasara. Aunque el gobierno Berenguer había frenado el intento de sublevación y de huelga general había perdido la batalla de la opinión pública. Los ejecutados en Jaca se convirtieron en mártires, y los líderes republicanos encarcelados o exiliados recibieron el apoyo popular en grandes manifestaciones.

El general Berenguer deseaba la convocatoria de elecciones generales pero entre las fuerzas dinásticas comenzó a cundir la idea de que no era una buena idea, una vez que los republicanos habían decretado el boicot a estas elecciones. El Centro Constitucional se pronunció a finales de enero de 1931 por la abstención. Los socialistas también se inclinaron por esta misma opción. Pero el día 8 de febrero el gobierno convocó las elecciones generales para el día 1 de marzo. Para que se dieran elecciones era obligatorio que se restablecieran las garantías constitucionales durante la campaña electoral. Ese restablecimiento de libertades fue fundamental para el avance de la causa republicana. Dos días después del decreto de elecciones, nació la Agrupación al Servicio de la República de Ortega y Gasset y otros destacados intelectuales. Además, para empeorar más la situación para el gobierno Berenguer, destacados liberales como Romanones y Manuel García Prieto solicitaron la abstención electoral. Cambó aconsejó al monarca que anulara las elecciones y que formase un gobierno de concentración presidido por el liberal Santiago Alba. Berenguer estaba aislado y optó por dimitir el 14 de febrero. La convocatoria de elecciones se suspendió.

Ante la dimisión de Berenguer el rey optó por buscar una solución hacia la izquierda dinástica. La baza podría ser Santiago Alba pero éste se negó. Por otro lado, Alfonso XIII no aceptó las pretensiones de los constitucionalistas de Melquíades Álvarez. El problema era tan grave que el monarca contactó con Sánchez Guerra, el político conservador que tanto le había criticado y que se había enfrentado a la Dictadura de Primo de Rivera. Pero esta opción no cuajó. Ante esta situación el rey presionó a los políticos dinásticos para que aceptaran formar un gobierno de concentración. Al final, el 18 de febrero se formó un gobierno presidido por el almirante José Bautista Aznar, personaje con escasísima experiencia política. Realmente, la figura predominante de este ejecutivo era el incombustible conde de Romanones. En el gobierno estaban, también: Bugallal, Juan de la Cierva, García Prieto, Gabriel Maura, Joan Ventosa y el propio Berenguer, como figuras más destacadas. Era un gobierno que representaba, claramente, el pasado, por lo que no levantó ningún entusiasmo.

El nuevo gobierno defendió la idea de ralentizar la vuelta a la normalidad constitucional a través de un calendario de consultas electorales, que comenzaría con las municipales para el 12 de febrero, las provinciales para el 3 de mayo y, por fin, las generales para el 7 y 14 de mayo (diputados y senadores, respectivamente), frente al interés del gobierno anterior por ir directamente a estas últimas. El objetivo del ejecutivo era que las elecciones municipales terminaran con la interinidad establecida por el gobierno anterior en los consistorios y otorgar credibilidad democrática a todo el proceso electoral restante.

Mientras llegaban las elecciones del 12 de abril el gobierno Aznar tuvo que hacer frente a una intensificación de la movilización social y política de la oposición. Los estudiantes se destacaron en las manifestaciones. La condena a muerte el 18 de marzo del capitán Sediles, aunque luego indultado, desencadenó importantes manifestaciones estudiantiles en varias ciudades. Estas manifestaciones alcanzaron su cénit cuando el día 23 de marzo se dio a conocer la liberación de los miembros del Comité Republicano. La FUE comenzó a adoptar una actitud insurreccional con el apoyo obrero, especialmente cuando la policía mató a un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Esta marea estudiantil desconcertó al gobierno.

La campaña electoral para las municipales frenó la conflictividad. Las elecciones municipales, como hemos señalado, pretendían dar legitimidad al período de transición y del proceso electoral pero fueron un error estratégico del gobierno, ya que, los republicanos y los socialistas eran muy fuertes en las ciudades, cuyo voto estaba ya libre de las manipulaciones electorales del caciquismo. De hecho, ni unos ni los otros optaron por la abstención ni el retraimiento electoral. Además, no debemos olvidar que hacía ocho años que no había habido elecciones y el censo electoral español había cambiado, tanto en su número como en su composición, sin olvidar que la maquinaria electoral caciquil estaba desengrasada. Las fuerzas gubernamentales o dinásticas confiaban en el voto rural y no se movilizaron especialmente por el voto, desarrollando una campaña electoral basada en el argumento del miedo de la burguesía. Por el contrario, la conjunción republicana-socialista desarrolló una campaña muy activa y coordinada. El argumento principal de la campaña giraba en torno a la idea que estas elecciones eran un plebiscito por la República que, a medio plazo llegaría.

Las elecciones se celebraron, como queda dicho, el día 12 de abril. En realidad, los monárquicos consiguieron más concejales, superando el número de treinta mil, mientras que la Conjunción llegó a los nueve mil, aproximadamente. Pero muchos ediles monárquicos habían sido proclamados por el famoso artículo 29 de la Ley electoral, que evitaba la votación donde sólo había una candidatura, hecho muy vinculado con el viejo caciquismo. El hecho más decisivo de los resultados era que la oposición había ganado en 41 de las 50 capitales de provincia y en las grandes poblaciones. El voto urbano había ido, en su gran mayoría, hacia los republicanos y socialistas, donde el caciquismo había sido superado. El camino hacia la proclamación de la República estaba abierto.

Eduardo Montagut

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/espana-entre-el-gobierno-berenguer-y-las-elecciones-de-abril-de-1931/

Manuel Azaña en los partidos políticos

“En la República encontramos nosotros la salvación o el camino de redención del pueblo español, la ruta que conduce a su mayoría de edad, la ruta que conduce a vivir libre como él quiera, dentro de normas de derecho, de justicia y de paz, de paz en todas partes, pero una paz fundada en la ley, en la justicia, en el orden, que no sale de las manos del verdugo, sino del respeto a la justicia y al cumplimiento del deber.” Azaña, en el Discurso inaugural de Izquierda Republicana (1934)

En el 75 aniversario de la muerte de Manuel Azaña estudiamos su figura vinculada a los partidos políticos a los que perteneció.

Azaña militó en tres formaciones políticas. Comenzó su compromiso político en el Partido Reformista a partir de 1913. El Partido Republicano Reformista nació en abril de 1912 en un banquete y homenaje a Melquíades Álvarez, la figura fundamental de esta formación política. En ese acto, el político asturiano pronunció un discurso donde expuso que lo que pretendía era reorganizar a los republicanos históricos que coincidían con él y con Gumersindo de Azcárate, y que la formación tendría vocación de gobierno y sería reformista. Al año siguiente, Álvarez dio un importante discurso político en el madrileño Hotel Palace, en el que defendió la necesidad de que se emprendiese una profunda reforma constitucional para democratizar el sistema político. En esos momentos ya era evidente la crisis del turnismo entre los dos partidos dinásticos, el conservador y el liberal, formaciones que, además, estaban profundamente divididas en facciones que seguían a distintos líderes. Los intentos de regenerar el sistema desde dentro estaban demostrando su fracaso. Por otra parte, el sistema caciquil electoral estaba haciendo ya aguas.

Como hemos señalado, el nuevo partido político nació como una formación con vocación ideológica democrática, laica y gradualista. Agrupaba a republicanos que no estaban adscritos a ningún partido concreto, profesionales liberales, muchos de ellos ligados a la Institución Libre de Enseñanza y al krausismo. Las ideas del reformismo se manifestaron en la revista España. En 1913 se publicó el “Prospecto de la Liga de la Educación Política de España”, manifiesto impulsado entre otros por Ortega y Gasset y Azaña, a favor de crear una élite que fomentase el avance del verdadero liberalismo y la democracia. Era, en realidad, un texto que apoyaba el programa del Partido Reformista. El propio Manuel Azaña se afilió a la nueva formación en ese año de 1913, y que tuvo en sus filas a lo más nutrido de la intelectualidad española de la segunda década del siglo XX. En el seno de este partido intentó ser elegido diputado en varias ocasiones, pero siempre con nulo éxito. En 1918 fundó la Unión Democrática Española con un manifiesto que firmaron Unamuno, Menéndez Pidal, Américo Castro y Pérez de Ayala, entre otros.

Pero Azaña dejó de militar en el reformismo al considerar que era imposible democratizar la Monarquía a la que dicha formación había terminado por aceptar, porque el rey se había comprometido con el establecimiento de una Dictadura. El reformismo se había desprestigiado y era una opción ya inviable en 1923 para conseguir que en España imperase la democracia. Azaña, además, siempre se opuso a la solución del “cirujano de hierro”, encarnado en el dictador Miguel Primo de Rivera, para abordar los problemas de España. Azaña siempre fue firme en la defensa de sus convicciones democráticas. Ese fue el inicio del camino que le condujo hacia el republicanismo, y que tiene su principal hito con su Apelación a la República de 1924, y la creación de un grupo político, Acción Republicana, como punto de unión de un nuevo republicanismo que superase sus problemas del pasado. En 1926 se creó la Alianza Republicana. Esta plataforma política nació en la efeméride de la Primera República, el 11 de febrero, y unía o coordinaba a distintas formaciones: el Partido Radical de Lerroux, el Partido Republicano Democrático Federal, el Partit Republicà Català de Marcelino Domingo y Lluís Companys y, por último, la Acción Republicana del propio Azaña. El grupo publicó un manifiesto en el que se anunciaba su lucha política por la proclamación de la República. Este proyecto supuso una clara apuesta por modernizar el republicanismo español para acercarlo a una base social más amplia: clases medias y bajas urbanas. La Alianza tuvo sus vicisitudes en la Dictadura. El radicalismo sufrió una escisión por su izquierda, con la creación del Partido Radical Socialista. Pero este hecho no debilitó a la Alianza, ya que, al terminar la Dictadura, los radical-socialistas participaron con la Alianza en la formación de un Comité conjunto para traer la República, iniciando un proceso de conjunción con otras fuerzas republicanas de carácter regional que culminó con la creación del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930.

Proclamada la República, Azaña pasó a jugar un papel destacado en el Gobierno Provisional. Acción Republicana obtuvo treinta escaños en las elecciones generales de 1931. No era un fuerza electoral considerable si se compara, tanto con el tirón electoral de la formación republicana más conservadora de Lerroux o con los resultados del PSOE, pero aún así, gracias a la personalidad intensa de Azaña y de algunos de sus compañeros, como Claudio Sánchez Albornoz, jugó un papel importante en la elaboración de la Constitución, así como en la labor gubernamental del Bienio Reformista.

Pero la derrota de las izquierdas en el otoño de 1933 provocó que Azaña decidiese impulsar la causa republicana progresista, aunando esfuerzos, habida cuenta de la desunión existente en el seno de la izquierda no marxista. Así pues, nació en abril de 1934 Izquierda Republicana, que fusionó Acción Republicana de Azaña, la izquierda de los radical-socialistas, que había formado el Partido Republicano Radical Socialista Independiente con Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, y la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) de Santiago Casares Quiroga. Al nuevo partido se unieron otras pequeñas formaciones republicanas del norte. Azaña se convirtió en el presidente del Consejo Nacional de Izquierda Republicana. El nuevo órgano oficioso del partido sería el periódico “Política”, aunque terminaría por ser el oficial en el otoño de 1936.

Izquierda Republicana fue una de las principales formaciones del Frente Popular. En las elecciones de febrero de 1936 sacó 87 diputados, siendo el tercer partido en la Cámara, detrás del PSOE y la CEDA. La importancia de Izquierda Republicana fue mayor en ese momento porque se convirtió en el núcleo principal del nuevo Gobierno, ya que los socialistas no participaron en el mismo. Azaña presidió el Gobierno y, cuando accedió a la principal magistratura del Estado, es decir, la presidencia de la República, otro miembro de IR ocupó la presidencia del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga. José Giral, miembro también de IR, le sustituiría al poco tiempo de estallar la guerra.

Eduardo Montagut

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/manuel-azana-en-los-partidos-politicos/

La República para Azaña

En este artículo nos acercamos al momento fundacional de Izquierda Republicana y al discurso que en el acto de creación de la formación política pronunció Azaña. Uno de sus párrafos nos sirve para condensar la idea que tenía este fundamental personaje de la historia contemporánea sobre la República. Para Azaña era sinónimo de Estado de Derecho.

Como es sabido, Izquierda Republicana fue un partido que se fundó después de la derrota electoral de la izquierda en el año 1933. Nace el 3 de abril de 1934 con la fusión del partido de Manuel Azaña, Acción Republicana, el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo y el ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma) de Santiago Casares Quiroga.

En el discurso final del Congreso fundacional, Azaña expuso lo siguiente:

“En la República encontramos nosotros la salvación o el camino de redención del pueblo español, la ruta que conduce a su mayoría de edad, la ruta que conduce a vivir libre como él quiera, dentro de normas de derecho, de justicia y de paz, de paz en todas partes, pero una paz fundada en la ley, en la justicia, en el orden, que no sale de las manos del verdugo, sino del respeto a la justicia y al cumplimiento del deber.”

Izquierda Republicana defendía la unidad de las izquierdas en el Frente Popular. En las elecciones de febrero de 1936 obtuvo un total de 88 escaños. Se puede decir que fue la formación de izquierda no marxista más importante de aquel momento histórico. Formó parte de todos los gobiernos posteriores y fue fundamental en el sostenimiento del gobierno y el ideal republicano español en el exilio.

Eduardo Montagut

http://www.andalan.es/?p=10593

Las raíces del conflicto religioso a la llegada de la República

La proclamación de la República en España en abril de 1931 supuso la llegada al poder de los republicanos y socialistas que en materia religiosa propugnaban la secularización del Estado en un nivel infinitamente más claro y contundente que el que habían apuntado algunas políticas de los sectores liberales más laicos del sistema de la Restauración, como podría ejemplificar Canalejas. Los republicanos y los socialistas consideraban que la Iglesia había sido un sostén fundamental del sistema derribado y eso debía terminar. En efecto, desde que la Iglesia y el Estado se habían reconciliado en la Década Moderada con el Concordato de 1851, aquella no había dejado de recuperar terreno, influencia y poder. El Sexenio Democrático, a pesar de su tendencia laica, no había podido con ese poder y no le había dado tiempo tampoco a emprender cambios importantes. La Restauración canovista supuso una nueva época dorada para la Iglesia, que se identificó claramente con los intereses de la oligarquía que gobernó España desde 1875.

La Iglesia no estaba dispuesta a perder ninguno de sus derechos y privilegios, y se opuso constantemente, con algunas excepciones entre sus miembros, a todas las políticas y decisiones que el nuevo poder republicano aprobó en materia religiosa. Pero también es cierto que el nuevo poder tampoco estaba dispuesto a negociar nada porque siempre consideró a la Iglesia un enemigo muy poderoso y hostil. Ni tan siquiera se pensó en dosificar las medidas y los cambios; a lo sumo, el sector más conservador del republicanismo, representado por Alcalá-Zamora y Maura, intentó no extremar la separación entre la Iglesia y el Estado, pero con nulo éxito, dada su debilidad política. En todo caso, las posturas estaban tan claras y enfrentadas, y la voluntad de ambas partes para negociar fue siempre tan escasa, que el enfrentamiento estaba servido.

Para entender dicho enfrentamiento deben conocerse algunos aspectos relativos a la religión y a la institución eclesiástica en la sociedad española, un aspecto que se obvia con frecuencia a la hora de abordar los conflictos religiosos de los años treinta. También parece necesario conocer la diversidad de las posturas críticas hacia la Iglesia.

Es evidente que la mayoría de los españoles era católica en el año 1931, pero esta afirmación esconde una realidad más compleja. La práctica religiosa se había hecho mucho más ligera o tibia desde finales del siglo anterior. La Iglesia española no hizo mucho por entender los cambios sociológicos en España y se aferró claramente a sus posturas ortodoxas y vinculadas con el poder y la Monarquía. Solamente el sindicalismo católico fue la apuesta más moderna de la Iglesia para acercarse al mundo laboral, aunque es evidente que para intentar no perder influencia y en clara vinculación con la patronal. La Iglesia llegó a 1931 con un gran poder político, social, económico y educativo. Pero, es más, no podemos olvidar que el número de personas vinculadas estrechamente a la Iglesia, es decir, los miembros del clero, era altísimo. España era el segundo país, después de Italia, con más sacerdotes y religiosos del mundo, y que dependían, en gran medida del erario público, además de las aportaciones de los fieles y de un renacido patrimonio propio, que se fue recuperando después del golpe que supuso la desamortización de Mendizábal, un siglo antes.

En realidad, el mayor poder de la Iglesia no era el económico porque, además, aunque era evidente la recuperación de parte de su patrimonio nunca pudo llegar a alcanzar el que tuvo en el Antiguo Régimen en la época de las manos muertas. El poder real era el que ejercía en la política y en la sociedad. La Iglesia estaba imbricada en el aparato estatal y en los mecanismos del poder no institucional. El caso más evidente de esto último estaba en el ámbito rural. El párroco era una figura fundamental junto con el cacique. Su influencia podía ser mayor que la que ejercían las autoridades municipales. Aunque la Constitución de 1876 estableció la tolerancia de cultos, no se podían ejercer públicamente, y la Iglesia se encargó con notable éxito para que la presión social sobre otras confesiones fuera asfixiante. Las Fuerzas Armadas –Ejército y Marina- eran organismos confesionales y era casi imposible ser militar y no ser católico. El poder eclesiástico sobre la educación era completo. En primer lugar, porque se hizo cargo de muchos centros educativos, especialmente a través de las Órdenes religiosas, que educaron y conformaron la ideología de las clases dominantes españolas, pero también ejerciendo un control ideológico sobre la enseñanza en general. Otro de los pilares del poder eclesiástico era el de tipo moral. Para ello se apoyó en la mayoría social católica y en un entramado muy bien organizado de instituciones culturales, periódicos y revistas, obras piadosas y de caridad, el nuevo sindicalismo católico, las escuelas católicas y organizaciones que podían movilizar a los fieles cuando algunos gobernantes intentaban aprobar medidas de separación entre la Iglesia y el Estado. Canalejas, como apuntábamos más arriba, sufrió este tipo de movilizaciones.

Pero frente a este innegable poder, el anticlericalismo en España experimentó un poderoso auge desde comienzos del siglo XX. Las clases trabajadoras urbanas se habían alejado casi completamente de la Iglesia. El laicismo y el abierto anticlericalismo habían calado en el proletariado donde la influencia ideológica anarquista y socialista era evidente, pero también cobraba fuerza en los sectores progresistas de la pequeña burguesía. La mayoría de los intelectuales, por su parte, en un momento de esplendor de la cultura española, estaba muy lejos de lo que representaba la Iglesia, especialmente desde el conflicto religioso que terminó desembocando en la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

El anticlericalismo español no era monolítico, como ya podemos sospechar por lo expuesto en el párrafo anterior. El anticlericalismo de los intelectuales y políticos reformistas del ámbito republicano y de gran parte del socialista buscaba cambios profundos pero desde la legalidad, desde las reformas que separasen la Iglesia del Estado sin concesión alguna pero respetando el hecho religioso y la libertad de conciencia. El anticlericalismo más popular apelaba a un odio casi visceral contra el clero, contra todo lo que representaba la Iglesia y la religión porque se vinculaban con el poder político y económico, como una faceta más de la lucha de clases. Parte del movimiento obrero alentó este tipo de anticlericalismo, que terminó por protagonizar hechos tan violentos como los que se produjeron en 1909 en la Semana Trágica, y en los inicios de la vida de la República, en mayo de 1931 con la quema de conventos, continuando con la explosión violenta contra el clero al estallar la Guerra Civil.

Eduardo Montagut

http://www.elsocialistadigital.es/cultura/historia/item/2222-las-raices-del-conflicto-religioso-a-la-llegada-de-la-republica.html

La política exterior de la III República francesa hasta la Triple Entente

Los primeros veinte años de la existencia de la III República francesa se desarrollaron bajo los agobiantes límites del aislacionismo que impuso Bismarck a través de los complejos mecanismos de la diplomacia de los sistemas internacionales que diseñó para evitar que se pudiera desarrollar el revanchismo francés después de la derrota de Sedán y la pérdida de Alsacia-Lorena. Pero conviene matizar algo este aislacionismo, ya que el entramado diplomático alemán no fue tan perfecto como se ha insistido tradicionalmente. Tuvo muchas fisuras, especialmente en las relaciones entre Austria-Hungría y Rusia, y el canciller tuvo que empeñarse trabajosamente en recomponerlos y rediseñarlos en distintas ocasiones. Los franceses aprovecharon estos fallos para ir intentando salir de su ostracismo internacional. En 1875, es decir, muy pronto, ante la amenaza de Berlín de desatar una especie de guerra preventiva contra Francia, París consiguió el apoyo diplomático de rusos y británicos, en algo que prefiguraba, aunque a mucha distancia temporal, lo que terminaría por ocurrir, el acercamiento entre las tres potencias.

Por otro lado, los franceses no dejaron de intentar participar en algunos asuntos internacionales relevantes. Waddington, ministro de Asuntos Exteriores, asistió al Congreso de Berlín de 1878 en el que se trataron los problemas balcánicos.

Los años ochenta, en cambio, supusieron un freno a los intentos galos de salir del aislacionismo y no tanto por la presión alemana sino por los conflictos derivados de su activa política imperial y colonial, especialmente en el continente africano. A partir de 1881, los franceses decidieron controlar Túnez lo que provocaría el enfrentamiento con Italia que, de resultas, favoreció el acercamiento del gobierno italiano a Alemania, entrando en los sistemas bismarckianos por lo menos hasta la segunda mitad de los años noventa. Al año siguiente el conflicto estalló en Egipto donde Francia chocaría frontalmente con Gran Bretaña. La década se cierra con una soledad internacional evidente para Francia. En 1887 los británicos sellan una alianza con Italia en el Mediterráneo con la adhesión austriaca y española.

Francia consiguió salir del aislamiento cuando Bismarck desapareció de la escena política a comienzos de los años noventa y comenzó a desarrollarse la weltpolitik alemana, que liquidaba los complejos equilibrios y apostaba por una clara expansión internacional que, de rebote, hizo reaccionar a las otras potencias. Ese fue el momento en el que Rusia decidió separarse definitivamente de la órbita diplomática alemana, encontrando a una Francia deseosa de firmar acuerdos, a pesar de las diferencias abismales entre sus dos regímenes políticos. En 1892 se establece una alianza militar, que es ratificada dos años después. Es una alianza defensiva frente a Alemania y que se mantuvo en secreto hasta 1897. Pero eso no impide que se conozcan algunos hechos: la concesión francesa de créditos a Rusia y las visitas que sus dos flotas hacen a sendos puertos de ambos países. 

El acercamiento entre franceses y británicos es más complicado por las tensiones coloniales e imperialistas, pero los segundos comienzan a calibrar el peligro expansionista alemán y el poderío de su flota. En 1890, Gran Bretaña y Francia llegan a un acuerdo de reparto del valle del río Níger. Es un primer acercamiento pero que se frena cuando resurgen las tensiones en Indochina y en África con Fashoda en 1898. Pero superados estos conflictos la tensión se relaja y en 1904 se firma la Entente que pone fin a los problemas coloniales al establecer las definitivas áreas de ambas hegemonías, marcando que Egipto sería controlado por Londres, mientras que París haría lo mismo en Marruecos. La Entente es un hecho fundamental porque cambió claramente las relaciones internacionales entre ambas potencias, en realidad para todo el siglo.

Francia aprovechó su anterior acercamiento con Rusia y su más reciente alianza con Gran Bretaña para propiciar un acercamiento entre estas dos potencias, que estaban enfrentadas por sus respectivos intereses en el Próximo Oriente. Pero el acercamiento entre Berlín y Estambul en marzo de 1903 no gustó nada ni a los británicos ni a los rusos. Por fin, a finales de agosto de 1907 se firma un acuerdo anglo-ruso. Nacía la Triple Entente, constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los temores de Bismarck se confirmaban a menos de veinte años de su retirada de la política. El acercamiento entre tres potencias que habían tenido tantos problemas internacionales y coloniales entre sí se sustentaba en la hostilidad común a Alemania y su política exterior agresiva. 

Eduardo Montagut

http://www.ecorepublicano.es/2015/04/la-politica-exterior-de-la-iii.html